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El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy por unanimidad una moción, presentada de forma conjunta por todos los grupos municipales, en la que se acuerda impedir, dentro de los límites de la legislación vigente, que los instrumentos de planeamiento sean redactados por las empresas relacionadas con Leopoldo Arnáiz y poner en conocimiento de cualquier vecino o propietario que tenga intención de presentar un proyecto de desarrollo urbanístico en el municipio elaborado por Leopoldo Arnáiz el contenido del acuerdo adoptado.
Los cuatro grupos municipales (PP, APB, PSOE y UPyD) han acordado estas dos medidas después de que recientemente la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, en su último informe sobre el caso Gürtel, haya levantado serias sospechas sobre el arquitecto que elaboró el Plan General de Boadilla en 2002, Leopoldo Arnáiz, quien, según los informes policiales, podría haber adquirido terrenos a una empresa propiedad de Francisco Correa.
Además, según las informaciones aparecidas en prensa en las ultimas semanas, este arquitecto es dueño de muchos otros terrenos en el municipio que él mismo recalificó al elaborar el indicado Plan y se apunta a su posible intervención en la venta del Palacio de Boadilla elaborando el convenio y comprando los terrenos con los que el Ayuntamiento adquirió este edificio histórico.
Arnaiz está imputado por diferentes delitos de estafa, fraude y blanqueo de capitales en tres Juzgados madrileños; además, en la actualidad un hermano suyo ha asumido la administración de sociedades que son objeto de investigación en los Juzgados indicados.
El acuerdo indica que, si bien es cierto que en la presente legislatura el Ayuntamiento no ha contratado trabajo alguno a Leopoldo Arnáiz, sí ha tramitado desarrollos encargados por algunos de los propietarios de suelo como es el caso de Prado del Espino. Esta situación, consideran los grupos, a la vista de la información derivada del último informe de la UDEF, es desde el punto de vista político muy preocupante y claramente incompatible con los principios de transparencia e interés general que deben alumbrar el planeamiento urbanístico.
Por otro lado, y respecto a informaciones aparecidas hoy en prensa sobre la anulación del actual PGOU, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Boadilla, Miguel Ángel Ruiz, ha querido aclarar que el Plan está vigente en tanto no se pronuncie el Tribunal Supremo y por tanto, todas las actuaciones que se lleven a cabo en el marco del citado Plan son a día de hoy legales. “La lentitud de la justicia es la que provoca este tipo de situación porque desde el momento en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid plantea dudas sobre el Plan no deberían pasar tantos años para que el Supremo sentencie. Las nulidades deberían quedar resueltas en meses”, ha señalado Miguel Angel Ruiz.
No obstante, y en previsión de que el fallo definitivo pudiera ser de nulidad, el Ayuntamiento puso en marcha en julio de 2013 un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que se encuentra en estos momentos en fase de sugerencias y que antes de finalizar el año tendrá ya una aprobación inicial. “La redacción de este nuevo Plan, que dotará de seguridad jurídica al urbanismo municipal, ha sido encargada a GPA, S.L, una sociedad totalmente ajena a Leopoldo Arnáiz, GPA, S.L”, ha explicado el concejal de Urbanismo.
